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Actualización de créditos laborales y razonabilidad, un fallo que pone límites al resultado matemático

3 nov
4 min de lectura

Un tribunal laboral de Lomas de Zamora redujo a la mitad el importe de una condena calculada conforme al artículo 55 de la Ley 27.802. El pronunciamiento reabre el debate sobre los límites de la actualización monetaria y el alcance de las facultades judiciales para moderar resultados considerados irrazonables.


Un reciente pronunciamiento de un Tribunal Laboral de la provincia de Buenos Aires en autos AJL c PROTECTED SPIRITS SRL s/ DESPIDO, vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión particularmente sensible: ¿hasta dónde puede llegar la actualización de un crédito laboral cuando la aplicación estricta del mecanismo legal conduce a un resultado que el propio tribunal considera desproporcionado?

Cuando se creía que la sistematización de los intereses laborales sería la solución al problema, nos encontramos en algunos casos con intereses muy por encima de lo proporcional y razonable, desvirtuando la finalidad de los mismos.

El caso de autos multiplicaba a pagar la suma por 57 veces el capital, por lo que tribunal se basaron en el fallo “Barrios” para adecuar los intereses. 

A tal fin el Tribunal del Trabajo de Lomas de Zamora resolvió reducir en un 50% una condena laboral que, luego de aplicar el mecanismo de actualización previsto por el artículo 55 de la Ley 27.802, había pasado de un capital de $818.648 a $46.650.124.

Frente a ese resultado, las magistradas María Florencia Farina, Carina Gómez Ansede y Adriana Huguenin entendieron que correspondía efectuar un control sobre las consecuencias económicas concretas de la actualización.

El Tribunal calificó el resultado obtenido como “manifiestamente desproporcionado e irrazonable” y decidió morigerarlo, estableciendo finalmente la condena en $23.325.062, es decir, el 50% del importe que surgía de la aplicación del mecanismo de actualización.


Origen del conflicto

La causa se inició a partir del reclamo de un trabajador que se había desempeñado como vigilador privado y que alegó haber prestado servicios durante varios años para distintas empresas del sector.

Entre otras cuestiones, el trabajador sostuvo que había existido una continuidad de la relación laboral pese a los cambios de razón social y cuestionó las condiciones en las que se encontraba registrado.

Luego de analizar los distintos rubros reclamados, el Tribunal determinó un capital indemnizatorio de $818.648.

Sin embargo, el aspecto más novedoso del pronunciamiento apareció al momento de establecer el valor actualizado de ese crédito.

La aplicación del mecanismo contemplado por el artículo 55 de la Ley 27.802 llevó aquella suma a $46.650.124.

Fue precisamente ese resultado el que motivó un análisis adicional por parte de las juezas.


La actualización no queda exenta del control de razonabilidad


Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes del pronunciamiento es que el Tribunal no se limitó a efectuar una operación matemática.

Por el contrario, confrontó el resultado de la actualización con las circunstancias concretas del caso y concluyó que su aplicación estricta generaba una consecuencia económica que excedía parámetros razonables.

De esta manera, el fallo introduce una distinción importante: una cosa es la validez del mecanismo de actualización y otra, diferente, es la razonabilidad del resultado que ese mecanismo produce en un caso concreto.

Esto significa que la existencia de una fórmula establecida legalmente no necesariamente elimina el control jurisdiccional sobre sus consecuencias.

En otras palabras, la actualización del crédito tiene por finalidad evitar que el transcurso del tiempo y la depreciación monetaria terminen reduciendo sustancialmente el contenido económico de una acreencia. Pero esa finalidad no implica necesariamente que cualquier resultado matemático deba ser aceptado automáticamente, con independencia de su magnitud.

Cuando el mecanismo aplicado conduce a una suma que aparece notoriamente alejada de la significación económica del crédito reconocido, se abre la posibilidad de efectuar un control judicial de razonabilidad y proporcionalidad.


La importancia de la doctrina “Barrios”


Para fundamentar su decisión, las magistradas hicieron referencia también a la doctrina establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el precedente “Barrios”.

La referencia resulta especialmente relevante porque permite encuadrar la cuestión dentro de un problema más amplio: el deber de los tribunales de evitar que los mecanismos destinados a preservar el valor de los créditos produzcan, en su aplicación concreta, resultados patrimoniales desproporcionados.

La discusión, entonces, deja de concentrarse exclusivamente en cuál es la fórmula que debe utilizarse y pasa también a considerar cuál es el resultado económico efectivo de esa fórmula.

Este punto puede adquirir una importancia considerable en futuros litigios laborales.

No se trata de impedir la actualización de los créditos del trabajador ni de desconocer la necesidad de preservar su valor frente a la depreciación monetaria. Se trata de determinar si existe un límite cuando el resultado final excede de manera manifiesta aquello que razonablemente puede considerarse una recomposición del crédito.

De $818.648 a más de $46 millones

Los números del caso permiten visualizar claramente el problema.

El capital reconocido ascendía a $818.648.

Aplicado el mecanismo correspondiente, el importe alcanzó los $46.650.124.

Ante esa diferencia, el Tribunal consideró que correspondía intervenir sobre el resultado final y dispuso una reducción del 50%, estableciendo la condena en $23.325.062.

Esto podría habilitar, en otros procesos, planteos orientados a demostrar que una determinada liquidación —aunque formalmente responda al mecanismo previsto normativamente— produce en el caso concreto una consecuencia económica irrazonable.

El criterio también puede resultar relevante desde la perspectiva de las empresas demandadas. Frente a una liquidación que arroje valores extraordinariamente superiores al capital reconocido, la discusión ya no necesariamente deberá limitarse a cuestionar la fórmula utilizada. Podrá analizarse también la razonabilidad constitucional y económica del resultado concreto.

Naturalmente, cada expediente presenta circunstancias particulares y la reducción dispuesta en este caso no significa que exista un parámetro general del 50% aplicable a otras causas. El aspecto trascendente del precedente no reside tanto en el porcentaje utilizado, sino en la admisión del control judicial sobre el resultado de la actualización.

Sin bien podemos decir que en contextos de elevada inflación y prolongada duración de los procesos judiciales, resulta indispensable contar con mecanismos capaces de preservar el contenido económico de las indemnizaciones. Pero, al mismo tiempo, esos mecanismos enfrentan el límite que representan los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prohibición de resultados patrimoniales injustificados.

El verdadero debate que abre este precedente no parece ser, entonces, si los créditos laborales deben actualizarse. Esa necesidad difícilmente pueda discutirse cuando la depreciación monetaria afecta sustancialmente el valor de una condena.

La cuestión más compleja es otra: ¿hasta dónde debe llegar esa actualización y qué debe hacer el juez cuando el mecanismo legalmente previsto produce, en el caso concreto, un resultado manifiestamente desproporcionado?


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