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El deber de informar también genera responsabilidad por daños

11 nov
5 min de lectura

 

La sentencia reafirma que la vulneración de los deberes de información en la comercialización de instrumentos financieros puede dar lugar tanto a la nulidad del contrato por vicio del consentimiento como a la responsabilidad contractual por los daños sufridos por el inversor.

 

            La Sala Primera del Tribunal Supremo de España, mediante la sentencia N°1274/2026, de 21 de julio de 2026, revocó la decisión de la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que había desestimado la demanda, y confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a Caixabank S.A. a indemnizar a los demandantes.

El origen de la controversia radicó en que la madre de los accionantes adquirió bonos recomendados por Bankpyme (entidad que posteriormente pasaría a ser Caixabank S.A.) y cuando la entidad emisora de los productos quebró, se produjo la pérdida de la inversión efectuada. Los demandantes fundaron su reclamo sosteniendo que la entidad financiera no informó de forma previa los riesgos inherentes a los bonos que estaba comercializando. Por lo que reclamaron los daños y perjuicios causados como consecuencia de la adquisición de estos.

El Juzgado de Primera Instancia N°96 de Madrid hizo lugar a la pretensión, ante lo cual Caixabank apeló. En segunda instancia se revocó la sentencia, remarcando que el incumplimiento del deber de información no puede generar una acción de daños y perjuicios. Ya que la deficiente información suministrada durante la etapa precontractual únicamente incidió sobre la formación de la voluntad negocial y no sobre el posterior cumplimiento del contrato. Frente a esta decisión, los actores interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Recibidas las actuaciones, el Tribunal Supremo procedió a analizar la sentencia recurrida. En primer lugar, rechazó la interpretación adoptada por el tribunal de apelación al considerar que la infracción de los deberes legales de información constituye una fuente autónoma de responsabilidad contractual. En este sentido remarcó que conforme surge de su doctrina el incumplimiento de las obligaciones informativas impuestas a las entidades prestadoras de servicios de inversión puede generar indistintamente una acción de nulidad por error vicio o una acción de indemnización de daños y perjuicios.

            Para fundar su argumento citan legislación relacionada, en particular el art. 79 bis de la Ley del Mercado de Valores que dispone en su redacción que “La información referente a los instrumentos financieros y a las estrategias de inversión deberá incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir que en la información que se entregue a los inversores con carácter previo a la adquisición de un producto, se incluyan cuantas advertencias estime necesarias relativas al instrumento financiero y, en particular, aquellas que destaquen que se trata de un producto no adecuado para inversores no profesionales debido a su complejidad. Igualmente, podrá requerir que estas advertencias se incluyan en los elementos publicitarios”.

Por lo que los jueces sostuvieron que “La vulneración de las obligaciones de información determinadas en la ley puede dar lugar, no solo a la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento, sino también a la acción de indemnización de daños y perjuicios. Se trata de acciones con distintos fundamentos y requisitos”. De esto se desprende que el Tribunal distingue claramente entre los remedios dirigidos a cuestionar la validez del negocio jurídico y aquellos destinados a reparar el perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones contractuales.

       De este criterio se desprende que la responsabilidad de la entidad financiera no deriva únicamente del eventual error del cliente al contratar, sino del incumplimiento de un deber jurídico específico de información impuesto por la normativa. Debido a que la actividad de asesoramiento e intermediación financiera impone obligaciones positivas de conducta que exceden ampliamente el mero deber de abstenerse de provocar daños. El profesional debe informar adecuadamente al cliente sobre la naturaleza, características y riesgos del producto ofrecido.

Asimismo, es interesante remarcar como el Tribunal Supremo analizó la defensa efectuada por la demandada, que sostenía que la pérdida patrimonial había sido causada por la insolvencia del banco emisor de los bonos. Ya que los jueces sostuvieron que ese argumento desconoce la verdadera naturaleza del incumplimiento imputado. Es en este sentido que afirmaron “La relación de causalidad entre el incumplimiento de la entidad de servicios de inversión y el daño sufrido por el cliente no resulta excluida por el hecho de que la pérdida inmediata del valor proviniera de la insolvencia del emisor pues el riesgo de insolvencia del emisor era precisamente uno de los riesgos esenciales sobre los que debía haberse informado al inversor”.

En resumen, la falta de asesoramiento adecuado y la escasa información brindada ocasionó que el inversor contratara un producto del cual desconocía que podía generarle graves pérdidas económicas. Por esta razón, el tribunal consideró que la relación causal entre la decisión de invertir sin tener la información precisa sobre los riesgos adquiridos y la materialización de tales riesgos es directa.

Seguidamente los jueces remarcaron que la empresa demandada no pudo romper con ese nexo causal debido a que no pudo demostrar que el cliente conocía los riesgos del producto, en este sentido sostuvieron que “No consta que haya quedado acreditado en la instancia que la entidad de servicios de inversión diera a la cliente a la que ofreció la contratación de los bonos Kaupthinguna información adecuada sobre la naturaleza y riesgos del producto ofrecido, y en concreto, sobre el riesgo de pérdida de la inversión en caso de quiebra del banco emisor de los bonos. No existe prueba de que lacliente pudiera conocer tales riesgos, como resulta del análisis del perfil de la inversora que se hace en lasentencia de primera instancia y no resulta desvirtuada en la sentencia de segunda instancia. Por tal razón,existe una relación de causalidad entre el incumplimiento por parte de la entidad de servicios de inversión de sus obligaciones legales, derivadas de la normativa sobre el mercado de valores, y el daño sufrido por la cliente.”

Algunas consideraciones finales. La solución adoptada por el Tribunal Supremo español encuentra puntos de contacto con el ordenamiento argentino. Tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial de la Nación imponen a los proveedores un deber reforzado de información, especialmente cuando existe una evidente asimetría técnica entre las partes. Del mismo modo, la normativa del BCRA en materia de protección de los usuarios de servicios financieros persigue garantizar que los clientes puedan adoptar decisiones económicas fundadas.

A su vez, resulta particularmente interesante el abordaje efectuado respecto de la causalidad jurídica. La sentencia considera que la insolvencia del emisor de los bonos constituye la concreción de una de las contingencias cuya comunicación era exigible a la entidad financiera. Ello obedece a que la pérdida sufrida por la inversora debe analizarse como el resultado de haber adoptado una decisión de inversión sin contar con la información adecuada. De este modo, cuando el perjuicio experimentado por el consumidor coincide precisamente con el posible escenario adverso que el proveedor omitió informar, la posterior materialización de tal eventualidad difícilmente pueda ser considerada una circunstancia eximente de responsabilidad.

Este razonamiento presenta evidentes puntos de contacto con el artículo 4 de la Ley 24.240, que consagra el derecho del consumidor a recibir información cierta, clara y detallada sobre las características esenciales de los bienes y servicios. Desde esta perspectiva, el daño sufrido por el cliente aparece comprendido dentro del ámbito de protección que la obligación de informar procura resguardar, lo que refuerza la existencia del vínculo causal entre el incumplimiento informativo y el perjuicio finalmente producido.

Finalmente, el fallo bajo análisis refuerza la protección del inversor minorista y profundiza las exigencias de transparencia impuestas a quienes operan profesionalmente en los mercados financieros. Las entidades financieras ocupan una posición técnica privilegiada frente a sus clientes y, por ello, la información ya no constituye una mera carga ética o comercial, sino una obligación jurídica exigible cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad por los daños causados.

 

 

 

 

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