top of page

La prevención del daño en entornos digitales a la luz de la Ley Ema

hace 2 días
11 min de lectura

La Ley Ema pone el foco en la prevención de la violencia digital en las escuelas bonaerenses. El artículo explica cómo el derecho civil permite actuar frente a un daño previsible y qué papel tienen las escuelas, las familias, el Estado y las plataformas ante el ciberacoso y las imágenes falsas generadas con inteligencia artificial.


I. Introducción

 

La irrupción de las tecnologías ha transformado profundamente la forma en que las personas se relacionan, se expresan y construyen su identidad. En el caso de los adolescentes, cuya socialización se desarrolla de manera simultánea en espacios físicos y virtuales, esta realidad adquiere especial relevancia. Las redes sociales, las plataformas de mensajería y los distintos entornos digitales ya no constituyen simples herramientas de comunicación, sino ámbitos en los que transcurre buena parte de su vida cotidiana.

Esta transformación también ha dado lugar a nuevas formas de violencia. El hostigamiento, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la exposición pública, la suplantación de identidad y las distintas modalidades de agresión que se producen mediante las tecnologías digitales son manifestaciones de una problemática que compromete derechos personalísimos y que, cuando involucra a niños, niñas y adolescentes, exige una respuesta especialmente reforzada.

  En este escenario, el denominado acoso digital o cyberbullying presenta características que potencian su capacidad lesiva. La inmediatez de las comunicaciones, la posibilidad de reproducir un contenido de manera prácticamente ilimitada y la dificultad de eliminarlo definitivamente hacen que una agresión pueda trascender el espacio en el que se originó y prolongarse mucho más allá del momento en que fue realizada. La víctima no siempre encuentra un lugar donde resguardarse, porque aquello que sucede en las redes también repercute en sus relaciones personales, familiares y escolares.

La sanción de la denominada Ley Ema por parte de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires constituye un avance en el reconocimiento de la violencia digital como una problemática que requiere respuestas institucionales específicas. La norma, que lleva el nombre de Ema B., busca fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de estas situaciones dentro del sistema educativo, promoviendo el derecho de los estudiantes a una convivencia digital segura.

Su origen se encuentra vinculado con la historia de Ema, una adolescente que falleció en agosto de 2024 luego de que se difundieran y viralizaran imágenes íntimas suyas sin su consentimiento. Lo ocurrido puso en evidencia las consecuencias que puede tener la violencia digital y la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con herramientas adecuadas para actuar frente a estas situaciones.

La sanción de esta ley invita a reflexionar sobre el alcance de la función preventiva del Derecho y, particularmente, sobre el papel que deben asumir las instituciones educativas, las familias, el Estado y las plataformas digitales frente a las nuevas modalidades de violencia.

A partir de estas consideraciones, el presente trabajo propone analizar la violencia digital entre adolescentes, los derechos comprometidos, las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico y los desafíos que plantea la reciente Ley Ema frente a las nuevas formas de agresión que pueden producirse mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).

 

II. La consolidación de un modelo preventivo frente a las violencias digitales: de la Ley Olimpia a la Ley Ema

 

2.1. La Ley Olimpia y el reconocimiento de la violencia digital como modalidad específica de violencia de género

 

La sanción de la Ley Olimpia representó un avance significativo en el reconocimiento jurídico de la violencia ejercida mediante las tecnologías de la información y la comunicación. A través de la Ley 27.736, que modificó la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se incorporó expresamente la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia de género.

Esta reforma permitió visibilizar conductas que, aunque ya se encontraban presentes en la realidad social, no siempre recibían una respuesta adecuada desde el ordenamiento jurídico. La difusión no consentida de imágenes íntimas, el hostigamiento a través de redes sociales, la publicación de datos personales, las amenazas y otras formas de exposición y agresión digital evidencian que el entorno virtual no constituye un espacio ajeno a la protección de los derechos fundamentales.

Uno de los aspectos centrales de esta modificación es reconocer que el carácter lesivo trasciende la pantalla. La difusión masiva de contenidos y su permanencia en internet pueden profundizar las consecuencias sobre la intimidad, la dignidad, la imagen y la integridad psicofísica de las personas afectadas.

La ley también incorporó herramientas judiciales destinadas a hacer cesar estas conductas, entre ellas, la posibilidad de ordenar la eliminación de contenidos que constituyan violencia digital, de acuerdo con las condiciones previstas legalmente.

Sin embargo, la problemática no se limita a la violencia digital por razones de género. Cuando estas conductas involucran a niños, niñas y adolescentes dentro de sus propios espacios de socialización, particularmente en las instituciones educativas, resulta necesario contar con herramientas que permitan prevenir, detectar e intervenir tempranamente.

Es en este escenario donde adquiere relevancia la Ley Ema.

 

2.2. La Ley Ema: un avance legislativo en la prevención de la violencia digital en las escuelas

 

El 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires otorgó sanción definitiva a la Ley 15.675, denominada Ley Ema, luego de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado provincial. La iniciativa busca garantizar el derecho de los estudiantes del sistema educativo bonaerense a una convivencia digital segura mediante la creación de un programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en los ámbitos educativos.

La norma lleva el nombre de Ema B. y encuentra su origen en una historia que interpela directamente a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto. La difusión no consentida de imágenes íntimas de la adolescente puso de manifiesto la necesidad de contar con herramientas institucionales para abordar situaciones que muchas veces encuentran a las escuelas sin preparación suficiente para intervenir.

La ley contempla la creación del Programa EMA, destinado a fortalecer las acciones de prevención, sensibilización y acompañamiento frente a las distintas manifestaciones de violencia digital. Asimismo, incorpora la formación en ciudadanía digital dentro de la Ley Provincial de Educación 13.688.

Su importancia radica en que busca superar una intervención limitada a los casos en los que la violencia digital ya se produjo. La capacitación de docentes y equipos educativos, la sensibilización de las familias y los estudiantes y la incorporación de contenidos vinculados con la privacidad, el consentimiento, la protección de datos personales y los derechos en entornos virtuales constituyen herramientas para trabajar sobre el problema antes de que se produzca una situación de mayor gravedad.

Ahora bien, es importante distinguir la ley de la denominada Guía Ema, que constituye un instrumento de orientación para las instituciones educativas. Esta última fue elaborada por la familia de Ema junto con distintas organizaciones y referentes comprometidos con la prevención de las violencias digitales. Su finalidad es brindar herramientas para acompañar situaciones de obtención o difusión no consentida de material íntimo en entornos escolares.

La Guía propone una intervención basada en la escucha activa, el cuidado y la protección de quien resulta afectado, evitando respuestas que puedan generar nuevas situaciones de exposición o revictimización. También promueve la participación de los propios adolescentes y la construcción de estrategias de prevención dentro de la comunidad educativa.

Uno de sus aportes más interesantes es que no pretende establecer respuestas rígidas ni uniformes para todos los casos. Por el contrario, ofrece orientaciones que deben adaptarse a las particularidades de cada institución y de cada situación, entendiendo que la intervención requiere considerar las circunstancias concretas y las necesidades de quienes atraviesan estas experiencias.

Desde una perspectiva jurídica, tanto la ley como las herramientas de orientación que propone la Guía Ema encuentran un punto de conexión con la función preventiva de la responsabilidad civil, consagrada en los artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

El deber de prevención exige adoptar, de buena fe y según las circunstancias, las medidas razonables para evitar la producción de un daño o disminuir su magnitud. No se trata únicamente de reparar las consecuencias de una conducta lesiva, sino de actuar cuando todavía es posible impedir que el perjuicio se produzca o continúe agravándose.

En este sentido, la Ley Ema representa un avance porque traslada esa preocupación al ámbito educativo y reconoce que la protección de los adolescentes también requiere intervenciones institucionales, formación y políticas públicas sostenidas.

Sin embargo, la sanción de una norma no garantiza por sí sola la desaparición de estas conductas. Su eficacia dependerá de la posibilidad de llevar sus objetivos a la práctica, de contar con personal capacitado y de establecer criterios claros de actuación frente a situaciones que pueden comprometer gravemente los derechos de los estudiantes.

 

III. La responsabilidad compartida en la prevención de la violencia digital

 

La prevención de la violencia digital requiere una respuesta coordinada de todos los actores que participan en la vida de los adolescentes: las instituciones educativas, las familias y el Estado. A ellos se suman las plataformas tecnológicas, cuyo papel resulta cada vez más relevante en la circulación de contenidos.

El Estado debe garantizar políticas públicas permanentes; las escuelas necesitan contar con herramientas para detectar e intervenir; las familias deben acompañar el proceso de incorporación de los adolescentes al mundo digital; y las plataformas tecnológicas deben asumir un compromiso mayor frente a la circulación de contenidos que vulneran derechos fundamentales.

 

3.1. El rol de las instituciones educativas


La escuela ocupa una posición privilegiada para detectar tempranamente situaciones de violencia digital. Aunque muchos episodios se originan fuera del establecimiento educativo y mediante dispositivos personales, sus consecuencias repercuten directamente en la convivencia escolar, el rendimiento académico, la salud emocional y el ejercicio del derecho a la educación.

Su deber consiste en actuar con diligencia cuando toma conocimiento de una situación de violencia digital que involucra a estudiantes del establecimiento, ya sea como víctimas o como autores del daño, adoptando medidas razonables de protección, acompañamiento y articulación con los organismos competentes.

La implementación de la Ley Ema representa una oportunidad. La capacitación docente, la formación de los equipos de orientación y la incorporación de contenidos sobre ciudadanía digital deben permitir que las escuelas cuenten con herramientas concretas para reconocer estas situaciones y evitar respuestas improvisadas.

La difusión de imágenes íntimas, sean reales o falsas, no puede convertirse en motivo de estigmatización ni en una carga que la víctima deba soportar dentro de su propia comunidad educativa.

La escucha activa, la reserva de la información, el acompañamiento y la articulación con los organismos especializados deben orientar las decisiones institucionales. En particular, cuando se trata de adolescentes, las intervenciones deben respetar su autonomía progresiva, su derecho a ser escuchados y su condición de sujetos de derecho.

Por ello, la rapidez de la intervención, la preservación de las pruebas y la adopción de medidas destinadas a detener la circulación del material resultan fundamentales.

El artículo 1711 del CCCN reconoce la acción preventiva cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o su agravamiento. Esta herramienta adquiere especial relevancia en los entornos digitales, donde la demora en la intervención puede multiplicar las consecuencias de una conducta.

A su vez, los artículos 1712 y 1713 del CCCN contemplan la legitimación para reclamar la prevención y las facultades judiciales para disponer obligaciones de dar, hacer o no hacer, según las circunstancias del caso. De esta manera, el ordenamiento jurídico ofrece instrumentos que permiten actuar antes de que el daño alcance consecuencias irreversibles.

 

3.2. La participación de las familias

 

La prevención comienza mucho antes de que aparezca el conflicto. El acompañamiento familiar durante el proceso de incorporación de niños, niñas y adolescentes al mundo digital constituye una herramienta esencial para promover prácticas responsables y fortalecer la capacidad de identificar situaciones de riesgo.

Esto no supone ejercer mecanismos de vigilancia permanente sobre las actividades de los adolescentes, sino construir espacios de diálogo y confianza que les permitan solicitar ayuda cuando atraviesan experiencias de hostigamiento, exposición o vulneración de su intimidad.

La participación de las familias en las instancias de sensibilización y capacitación promovidas por la Ley Ema puede contribuir a que la protección no quede limitada al espacio escolar, sino que se extienda a los distintos ámbitos en los que se desarrollan los vínculos de los adolescentes.

La responsabilidad de los adultos también implica revisar las propias prácticas digitales y comprender que el acompañamiento no puede limitarse a prohibir o restringir el acceso a determinadas plataformas. Es necesario generar herramientas para que los adolescentes puedan reconocer situaciones de violencia, comprender el alcance de sus acciones y saber dónde acudir cuando sus derechos son vulnerados.

 

3.3. El Estado y las políticas públicas

 

La sanción de normas constituye un paso importante, pero la protección efectiva requiere mucho más que un reconocimiento legislativo. Es necesario garantizar recursos, capacitación y mecanismos de intervención que permitan llevar los objetivos de la Ley Ema a cada institución educativa.

La actualización permanente de los contenidos resulta especialmente relevante frente a tecnologías que evolucionan con enorme rapidez. Las herramientas de prevención deben contemplar no solamente las formas tradicionales de ciberacoso, sino también la manipulación de imágenes, los contenidos generados mediante inteligencia artificial y las nuevas modalidades de exposición y hostigamiento.

El desafío consiste en evitar que la protección quede reducida a una declaración de principios y lograr que se traduzca en prácticas institucionales concretas.

En este punto, la articulación entre los organismos educativos, administrativos y judiciales adquiere particular importancia. Las situaciones de violencia digital no siempre pueden resolverse dentro de la escuela y, dependiendo de su gravedad, pueden requerir la intervención de organismos de protección de derechos, autoridades administrativas o judiciales.

La respuesta estatal debe procurar que esa articulación no se transforme en una sucesión de derivaciones que termine dejando a la víctima sin acompañamiento. Por el contrario, debe garantizar continuidad en la intervención y evitar que el adolescente tenga que relatar reiteradamente lo sucedido ante distintos organismos.

 

3.4. El desafío pendiente: las plataformas digitales

 

Existe, sin embargo, otro actor cuya participación resulta indispensable: las plataformas digitales.

Las redes sociales, los servicios de mensajería y las distintas aplicaciones utilizadas diariamente por millones de adolescentes desempeñan un papel determinante en la circulación de contenidos. Su capacidad para amplificar publicaciones y facilitar la difusión inmediata de imágenes o videos plantea interrogantes acerca del alcance de sus deberes de prevención y colaboración.

La protección integral frente a la violencia digital exige avanzar en mecanismos eficaces de denuncia, procedimientos ágiles de remoción de contenidos y medidas que permitan reducir el tiempo de permanencia del material lesivo en línea.

No parece razonable que toda la carga de detener la circulación de un contenido recaiga sobre quien sufrió la agresión, especialmente cuando se trata de una persona menor de edad. La respuesta debe contemplar también las posibilidades técnicas y las responsabilidades de quienes administran los espacios en los que esos contenidos se producen y difunden.

La inteligencia artificial agrega una dificultad adicional. La generación de imágenes falsas, su reproducción mediante distintas plataformas y la posibilidad de volver a publicarlas después de una eliminación inicial exigen mecanismos de respuesta que contemplen las características propias de estos contenidos.

En este escenario, el desafío jurídico consiste en avanzar hacia una mayor colaboración de las plataformas, sin desconocer los derechos involucrados ni trasladarles automáticamente responsabilidades que deben analizarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

 

IV. Reflexiones finales

 

La sanción de la Ley Ema representa un avance en el reconocimiento de la violencia digital como una problemática que requiere respuestas específicas dentro del sistema educativo. Su importancia no reside únicamente en la creación de un programa provincial, sino también en haber incorporado a la agenda educativa una discusión que durante mucho tiempo fue tratada como un asunto ajeno a la responsabilidad de las instituciones.

Sin embargo, el desafío comienza ahora. La existencia de una norma no garantiza por sí sola que los adolescentes encuentren protección cuando sus derechos son vulnerados. Para que sus objetivos se cumplan será necesario sostener políticas de capacitación, fortalecer los equipos educativos, acompañar a las familias y establecer mecanismos de intervención que permitan actuar con rapidez y evitar la revictimización.

Las nuevas tecnologías y, particularmente, la inteligencia artificial obligan a revisar permanentemente las herramientas de prevención. La posibilidad de generar imágenes sexuales falsas de adolescentes demuestra que las formas de violencia se transforman y que las respuestas jurídicas e institucionales no pueden permanecer estáticas.

Desde el Derecho de daños, esta realidad vuelve a colocar en primer plano la función preventiva. Cuando la exposición de una persona puede multiplicarse en cuestión de minutos y sus consecuencias resultar difíciles de revertir, esperar a que el daño se consume para recién entonces pensar en una reparación resulta claramente insuficiente.

La prevención no debe quedar reducida a una obligación de las escuelas ni a una recomendación dirigida a las familias. Requiere una política pública sostenida, una intervención institucional responsable y un compromiso de los distintos actores que participan en la construcción de los entornos digitales.

La protección de niñas, niños y adolescentes exige comprender que lo que sucede en internet no permanece en internet. Detrás de cada imagen difundida, de cada mensaje de hostigamiento y de cada exposición no consentida hay una persona cuyos derechos deben ser protegidos.

La Ley Ema constituye un paso en esa dirección. Su verdadero alcance dependerá de que la prevención deje de ser una expresión normativa y se convierta en una práctica cotidiana, capaz de generar entornos educativos donde los adolescentes puedan desarrollar sus vínculos, expresarse y construir su identidad sin que la tecnología se transforme en una herramienta de violencia.

 

Consulta bibliográfica

 

Bosque, Anastasia I. C. «La inteligencia artificial y los derechos de niños, niñas y adolescentes: riesgos y estándares de protección». Ponencia presentada en el X Congreso Argentino de Defensa Técnica de la Niñez, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 9 de octubre de 2026.

 

Abogada (UMSA), Analista en Medios de Comunicación Social (USAL), Licenciada en Publicidad (USAL)

Comentarios


bottom of page