Cesión de un plan de ahorro y acceso a las condiciones del contrato
La sentencia dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Nº 2 Sala 2 de La Plata en los autos "Barroso, Marcela Alejandra c/ Peugeot Giama SRL y otro/a s/ Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)" (Expte. 141848) confirmó la condena solidaria impuesta a una concesionaria y a una sociedad administradora de planes de ahorro, por no haber brindado a una consumidora información clara y detallada sobre un plan al que se pretendió incorporarla mediante una cesión.1
Sentado lo anterior, cuadra bosquejar, en espíritu introductorio, que la pieza permite examinar de manera integrada varios aspectos relevantes para la práctica judicial: el alcance del deber de información frente a una solicitud de adhesión y sus condiciones generales, la dinámica probatoria en las relaciones de consumo, la responsabilidad solidaria en la cadena de comercialización y la cuantificación de los rubros indemnizatorios, daño punitivo incluido.
Conforme se desarrollará, la tutela del consumidor no se agota en la enunciación de principios; sino que exige que la información sea efectivamente brindada y que la jurisdicción pondere la desigualdad estructural que de origen separa a las partes.
1. El caso
La actora relató que, en octubre de 2022, acudió a una concesionaria para adquirir un automóvil y que allí le sugirieron hacerlo mediante un plan de ahorro. Suscribió un formulario digital y transfirió $5.000, $155.000 y $48.840,25 a cuentas indicadas por la concesionaria.
Sostuvo que nunca firmó el contrato ni conoció el valor total, los plazos de entrega, el modelo ni los intereses. Intimó por carta documento a ambas firmas y solicitó la baja; pero se le respondió que debía cuotas.2
La administradora del plan, por su parte, afirmó que la actora había adherido por cesión de la titular original y que el plan se hallaba rescindido por cuotas impagas.
La concesionaria fue declarada rebelde. La sentencia de grado condenó solidariamente a ambas accionadas y, de consiguiente, la administradora apeló.
2. El deber de información, en el centro de la escena
La Cámara tuvo por acreditado el incumplimiento del deber de información (art. 4, ley 24.240) en dos momentos: antes de la concreción del negocio y luego de suscripto el instrumento de cesión del 9/11/2022. Véase que la solicitud de adhesión y sus anexos figuraban firmados por la cedente y no por la actora, y que el perito contador hizo saber que no le fue puesta a disposición una solicitud de adhesión correspondiente a esta última.3
No es de soslayar el argumento de la apelante: el formulario de cesión remitía expresamente a las condiciones generales. El tribunal fue contundente. Esa sola remisión no resulta suficiente para tener por cumplido el requisito, pues sin haberse formalizado la suscripción por la actora, ello le impedía conocer los alcances, términos y condiciones del contrato. Tampoco surgía que se le hubiera comunicado de manera fehaciente que la cesión implicaba su incorporación al grupo y la obligación de abonar cuotas.4
La exigencia reposa en el art. 42 de la Constitución Nacional, que reconoce a los consumidores el derecho a una información adecuada y veraz y a un trato equitativo y digno, y en el art. 38 de la Constitución provincial, también invocado por la Sala. En sintonía, es dable tener presente que las Directrices para la Protección del Consumidor de Naciones Unidas reconocen la relevancia que reviste “el acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual.5
3. Desigualdad estructural y cargas probatorias
El decisorio parte de una premisa: se trata de una relación de consumo, que debe analizarse bajo una perspectiva que restablezca el equilibrio alterado por la posición de inferioridad estructural del consumidor (ley 24.240; arts. 1092 a 1094, CCCN).
De tal proposición se siguen consecuencias procesales concretas. Se ponderó el principio de las cargas probatorias dinámicas (art. 1735, CCCN; art. 53, ley 24.240), que permite valorar quién se hallaba en mejores condiciones de probar y no lo hizo. Se tuvo por reconocida la documental de la actora en virtud de la rebeldía de la concesionaria; conducta que el tribunal entendió como una falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, la pericia informática acreditó la autenticidad de los correos con los que empresas de cobranzas y dependientes de las accionadas intimaban a la actora al pago de cuotas de un plan que, según lo probado, no había llegado a formalizar.6
4. La cadena de comercialización y la responsabilidad solidaria
La administradora sostuvo que era ajena a los compromisos del concesionario y que no existía conexidad entre ambas sociedades. La Sala desestimó, en consencuencia, el agravio con apoyo en sus propios precedentes: el plan de ahorro se erige bajo un esquema de contratos conexos, lo que permite superar la relatividad contractual y extender la responsabilidad solidaria a quienes intervienen en la cadena de comercialización. En ese trance, la sociedad administradora forma parte de ella y debe responder frente a la consumidora, ajena a la relación interna entre las empresas, sin perjuicio de las acciones de repetición (art. 40, ley 24.240; art. 42, CN).7
5. Los rubros indemnizatorios
Respecto del daño material ($208.840,25), la Cámara sostuvo que, no habiendo la actora suscripto contrato alguno, no correspondía aplicar las cláusulas que difieren el reintegro del haber a la liquidación del grupo; y que la queja sobre la falta de percepción del dinero cedía ante la solidaridad.
En cuanto al daño moral ($500.000), valoró el afán de la actora por obtener respuesta, del que daban cuenta las cartas documento, los correos electrónicos y la mediación prejudicial, y las situaciones estresantes que ello supuso (arts. 1738 y 1740, CCCN).
Por último, respecto del daño punitivo ($1.000.000), recordó que el art. 52 bis de la ley 24.240 exige un solo requisito, el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales del proveedor, conforme doctrina de la Suprema Corte bonaerense, quedando la gravedad reservada para la cuantificación. Verificada la infracción a los arts. 4 y 8 bis de la ley 24.240, así como la falta de colaboración procesal, confirmó la multa. Vale memorar que el Fiscal de Cámaras había calificado de exigua la cuantificación; la Sala, tomando en cuenta su dictamen, juzgó que la suma no resultaba irrazonable ni elevada8.
6. La significancia del pronunciamiento
La experiencia del expediente permite extraer algunas pautas, todas ellas ancladas en lo resuelto:
La información debe ser efectiva: una remisión a condiciones generales que el consumidor no suscribió ni conoció no satisface el art. 4 de la ley 24.240.
La asimetría proyecta efectos sobre la prueba: las cargas probatorias dinámicas y la conducta procesal de los proveedores integran la valoración judicial.
La cadena responde en conjunto: la administradora del plan no queda al margen de lo actuado por el concesionario.
El reclamo judicial configura exteriorización del daño sufrido: el esfuerzo del consumidor por ser oído es susceptible de reparación.
7. Para concluir
La pieza evidencia cómo la jurisdicción bonaerense, en función de la normativa del consumidor y de las garantías constitucionales, aborda el vínculo asimétrico entre quien ofrece, conoce y redacta, y quien adquiere que, por su parte, confía. Siendo de destacar que la Sala no se limitó a verificar la existencia de un documento, sino que indagó si la consumidora supo realmente a qué se obligaba. En esa tarea, el pronunciamiento cumple una función que excede la resolución formal del litigio: recuerda que la información es condición de libertad en la contratación y que su omisión tiene consecuencias.
Notas:
1) Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata Sala 2. "Barroso Marcela Alejandra c/ Peugeot Giama SRL y otro/a s/ Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)" (Expte. n.º 141848). Magistrados votantes: Banegas y Rondina.
2) Fallo en análisis. Apartados 1 y 7.1.
3) Fallo en análisis. Apartado 7.1.
4) Fallo en análisis. Apartado 7.1; art. 4, ley 24.240.
5) Documento citado. Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Nueva York y Ginebra. 2016. Visible en: https://unctad.org/es/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf
6) Fallo en análisis.Apartado 7.1.
7) Fallo en análisis. Apartado 7.2, con cita de causas 138050 y 141119 de la Sala.
8) Fallo en análisis. Apartados 8.1 a 8.3.




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