top of page

¿Una abuela debe pagar alimentos aunque comprometa su propia subsistencia?

12 nov
9 min de lectura

María Cecilia Hom[1]


«[...] los seres humanos dependen, en distintos momentos de su ciclo vital, de recibir o brindar cuidados. Esta dependencia recíproca de cuidado constituye una expresión directa del respeto a la dignidad humana».

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-31/25, párr. 47.



La Cámara dejó sin efecto una cuota provisoria impuesta a una abuela de 70 años, luego de considerar un informe social sobre sus condiciones de vida. El caso permite analizar los límites económicos de la obligación de los ascendientes y cómo compatibilizar las necesidades de la niña con la protección de las personas mayores. No se trata de una exención definitiva.


I. El caso


La madre de una niña pidió el aumento de la cuota alimentaria a cargo del progenitor y que la obligación se extendiera a la abuela paterna. Reclamó también una cuota provisoria. En primera instancia se fijó una cuota provisoria equivalente a la Canasta de Crianza del INDEC para la franja de seis a doce años, a cargo del padre y de la abuela, sin distinguir entre ambos.

La abuela apeló. Tiene 70 años, percibe una jubilación apenas superior a la mínima y vive con su esposo, de 84 años. Alegó que la cuota comprometía gastos esenciales de alimentación y salud, que ayudaba a otro nieto y que había tenido que pedir un préstamo para afrontar gastos cotidianos. La madre sostuvo que el padre llevaba más de un año sin aportar y que la abuela tenía otros ingresos: una segunda jubilación, trabajos de limpieza, vivienda propia y la jubilación del esposo. El Ministerio Público dictaminó a favor de mantener la cuota.

La Cámara hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la cuota provisoria a cargo de la abuela. Valoró un informe social del expediente principal, que advirtió que la carga podía afectar las condiciones de vida del matrimonio. Señaló que la resolución de grado no había distinguido la obligación del padre de la de la abuela, de modo que a esta podía exigírsele la totalidad de la cuota, y que no contenía una evaluación de su capacidad económica. Sostuvo que "la carga de los ascendientes no puede ser equiparada a la de los responsables principales", salvo elementos objetivos que demuestren que los abuelos pueden afrontar los alimentos sin quedar en una situación ruinosa. Aclaró que la decisión no es definitiva y que la valoración integral de la prueba podría llevar a otra solución en la sentencia de mérito.


II. El marco legal interno


La obligación de los abuelos nace del parentesco. El art. 537 del Código Civil y Comercial dispone: "Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: a) los ascendientes y descendientes. [...] Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado".

Cuando el alimentado es una persona menor de edad rige el art. 668: "Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado". La subsidiariedad es relativa: el abuelo responde en segundo término, pero puede ser demandado junto con el progenitor sin agotar antes la vía contra este.

El contenido de la prestación está fijado por el art. 541: "La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación".

Por último, el art. 544 autoriza los alimentos provisorios: "Desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios".


III. El marco convencional: la persona mayor y el derecho al cuidado

1. La Convención Interamericana sobre Personas Mayores


La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Ley 27.360, aporta dos normas centrales para este caso. Su art. 6 dispone: "Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población". Su art. 12 establece: "La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía".

Una cuota que obliga a una mujer mayor jubilada a resignar su alimentación o su salud, o a endeudarse para cubrir gastos corrientes, entra en tensión directa con ambas normas.


2. La Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte IDH


La OC-31/25, del 12 de junio de 2025, solicitada por la República Argentina, reconoció el cuidado como derecho humano autónomo. Tres pasajes son relevantes para el caso.

Primero, el principio de corresponsabilidad. La Corte sostuvo que este derecho "se rige por el principio de corresponsabilidad social y familiar, pues los cuidados recaen solidariamente sobre la persona, la familia, la sociedad y el Estado" (párr. 113), y que ese principio "impone una responsabilidad solidaria y subsidiaria a diversas instancias sociales para garantizar las actividades de gestión y sostenibilidad de la vida cotidiana" (párr. 119).

Segundo, la doble posición de las personas mayores. La Corte advirtió que son también cuidadoras y que es una práctica común que "los abuelos aumenten su contribución a los cuidados infantiles, especialmente allí donde los servicios públicos o privados […] faltan o son insuficientes para atender la demanda" (párr. 184). Además, entendió el derecho de las personas mayores a ser cuidadas como un derecho que "debe ser garantizado sobre la base del principio de corresponsabilidad, de modo que el Estado debe concurrir cuando la familia y la sociedad no puedan hacerlo" (párr. 186).

Tercero, el deber judicial. La Corte afirmó que, al resolver litigios en materia de cuidados, "las autoridades competentes deben efectuar el debido control de convencionalidad con los estándares desarrollados por la Corte en su jurisprudencia y, en particular, en esta Opinión Consultiva" (párr. 124).


IV. Análisis


1. El acierto central: no equiparar al abuelo con el progenitor


Una cuota fijada en forma indistinta contra el padre y la abuela permite ejecutar a esta por el total, lo que resulta contrario a las disposiciones de la ley, atento que la obligación alimentaria de los abuelos es siempre subsidiaria. En los hechos, su obligación deja de ser subsidiaria. La Cámara corrigió ese error, que contradice tanto el art. 668 como el art. 537, el cual habilita expresamente a fijar cuotas diferentes según los bienes y las cargas de cada obligado, y se debe tener presente el carácter de la responsabilidad de cada uno.


2. La capacidad económica del ascendiente se evalúa también en la etapa cautelar


La urgencia de los alimentos provisorios no exime de examinar las posibilidades de quien debe pagarlos, porque el art. 541 las incorpora a la definición misma de la obligación. La verosimilitud que exige el art. 668 se refiere a las dificultades para cobrar al progenitor; no reemplaza el análisis de lo que el abuelo puede aportar sin comprometer su subsistencia. La Cámara constató que esa evaluación faltaba.


3. El informe social como prueba idónea


En personas mayores, los ingresos nominales dicen poco. El informe social permite medir el costo real de la salud y la alimentación, las cargas familiares y las deudas. El caso confirma su valor probatorio. No debemos olvidar que en el derecho familiar prima la verdad real, por lo tanto, en el caso es siempre fundamental evaluar la situación en concreto para llegar a la verdad real de la situación que atraviesa el adulto mayor obligado a pasar alimentos a un nieto.


4. ¿Revocar o graduar?


Este es el aspecto más discutible. Frente a una abuela con recursos limitados, el art. 537 ofrece una solución intermedia: una cuota reducida, o exigible solo ante el incumplimiento del padre. Según la difusión periodística, la misma Cámara de Bariloche aplicó esa técnica en 2024, cuando redujo la cuota de una abuela al 20% de su pensión y la hizo exigible solo si el padre o el abuelo paterno no cubrían el mínimo fijado.

Esa respuesta es coherente con la OC-31/25: la corresponsabilidad reparte la carga entre los miembros de la familia según sus posibilidades, y el Estado concurre cuando ellos no alcanzan. Dejar sin efecto la cuota protege a la persona mayor, pero puede dejar a la niña sin la única fuente de cobertura disponible mientras dura el juicio.


V. La niña y su madre: perspectiva de niñez y de género


La protección de la abuela no responde la pregunta de fondo: ¿quién cubre hoy las necesidades de la niña? El art. 27.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a tomar "todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño". En la misma línea, la OC-31/25 concluyó que "los primeros llamados a garantizar el cuidado de niños, niñas y adolescentes son los miembros de sus familias, en particular sus padres" (párr. 204).

El foco, entonces, debe estar en el progenitor que lleva más de un año sin pagar. El art. 553 del Código Civil y Comercial dispone: "El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia". La liberación de la abuela debería ir acompañada de un uso activo de esas medidas.

Desde la perspectiva de género, cuando el padre incumple y la abuela queda liberada, el costo de la crianza recae por completo en la madre, que además sostiene el cuidado cotidiano. La OC-31/25 incluyó entre los grupos que requieren medidas especiales a "las mujeres que encabezan hogares monoparentales y tienen a su cargo la manutención del hogar y las labores de cuidado de sus hijos [...]" (párr. 203). A su vez, el art. 5, inc. 4, ap. c), de la Ley 26.485 comprende como violencia económica y patrimonial "la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna". El incumplimiento alimentario sostenido debe leerse en esa clave.


VI. Pautas prácticas y reflexión final


Del fallo y del marco convencional surgen algunas pautas para el litigio de alimentos contra ascendientes:

1.      Distinguir siempre las obligaciones. La resolución debe fijar por separado la cuota del progenitor y la del abuelo, o disponer que la de este sea exigible solo ante el incumplimiento del primero (arts. 537 y 668 CCyC).

2.      Acreditar la capacidad económica del abuelo desde el inicio. Quien reclama debe ofrecer prueba concreta de sus ingresos y bienes; quien se defiende, de sus gastos y cargas. El informe social es la herramienta idónea.

3.      Graduar antes que revocar. Una cuota reducida o subsidiaria protege a la persona mayor sin dejar a la niña sin cobertura.

4.      Dirigir las medidas de cumplimiento contra el progenitor. El art. 553 CCyC permite al juez actuar sobre el obligado principal.

5.      Aplicar el control de convencionalidad. La Convención sobre Personas Mayores y la OC-31/25 son estándares que el juez debe considerar (OC-31/25, párr. 124).

El caso muestra que la solidaridad familiar tiene límites, sobre todo ante dos personas vulnerables, y que esos límites deben fijarse con prueba y no por presunción. Proteger la vejez de una abuela y asegurar la subsistencia de una niña no son objetivos opuestos; la corresponsabilidad que propone la OC-31/25 exige distribuir la carga según las posibilidades de cada integrante de la familia, concentrar la exigencia sobre el progenitor incumplidor y reconocer a la madre como la persona que, en los hechos, sostiene el cuidado.


Fuentes


•         Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 537, 541, 544, 553 y 668.

•         Convención sobre los Derechos del Niño, art. 27.4.

•         Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360), arts. 6 y 12.

•         Ley 26.485, art. 5, inc. 4, ap. c).

•         Corte IDH, Opinión Consultiva OC-31/25, "El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos", 12/6/2025, párrs. 47, 113, 119, 124, 184, 186, 203 y 204. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_31_esp.pdf

•         Poder Judicial de Río Negro, Comunicación Judicial, "Un informe social fue clave para eximir a una abuela de pagar la cuota alimentaria de su nieta", 8/10/2026. Disponible en: https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/un-informe-social-fue-clave-para-eximir-a-una-abuela-de-pagar-la-cuota-alimentaria-de-su-nieta/

•         "Redujeron al 20% la cuota alimentaria que debe aportar una abuela para su nieto", Noticias NQN, 12/11/2024. Disponible en: https://www.noticiasnqn.com.ar/noticias/2024/11/12/305882-redujeron-al-20por_ciento-la-cuota-alimentaria-que-debe-aportar-una-abuela-para-su-nieto


[1]Abogada. Funcionaria judicial en la segunda instancia del Poder Judicial de Mendoza. Doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales por la UM. Diplomada en Derecho de las familias y violencia familiar (UCH). Diplomada en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza (UNC). Docente universitaria. Integró el tribunal evaluador para el cargo de juez de familia de la provincia de San Luis. Coautora del libro Juicios de alimentos en Mendoza (ASC Librería Jurídica). Coautora del libro Juicios patrimoniales de familia (ASC Librería Jurídica). Colaboraciones en diferentes obras literarias jurídicas. Autora de artículos científicos para revistas jurídicas de alcance nacional. Columnista en medios de comunicación de la provincia de Mendoza. Coordinadora del “Suplemento de Responsabilidad Civil y Daños” de elDial.com



Comentarios


bottom of page