Claves para entender el sistema jubilatorio argentino

*Por Natalia Invernoz

Hablar del sistema jubilatorio argentino es, inevitablemente, hablar de la Ley N° 24.241. Esta norma, sancionada en 1993, no solo reorganizó el régimen previsional, sino que redefinió la lógica misma de financiamiento y acceso a las prestaciones. Incluso para quienes ejercen otras ramas del derecho, su comprensión resulta indispensable, ya que muchos de los conflictos actuales como los reajustes, el acceso a beneficios o determinación de derechos,  encuentran su origen en su estructura.

Uno de los aspectos más relevantes de la ley, y a la vez menos recordados fuera del ámbito previsional, es que el sistema no nació como hoy lo conocemos. En su diseño original, la norma instauró un esquema mixto en el que coexistía un régimen público de reparto, administrado por el Estado bajo principios de solidaridad, y un régimen de capitalización individual gestionado por entidades privadas, las conocidas AFJP. Esta dualidad implicaba que el trabajador quedaba inserto en una lógica que combinaba protección estatal con ahorro personal. Sin embargo, esta estructura fue modificada de manera sustancial con la Ley N° 26.425, que eliminó el régimen de capitalización y unificó el sistema en un modelo público, hoy denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Así, el sistema vigente mantiene rasgos de su origen, pero se inscribe plenamente en una lógica estatal.

En cuanto a su alcance, la ley adopta un criterio amplio y abarcativo. La afiliación es obligatoria para todas las personas mayores de 18 años que desarrollen una actividad remunerada, lo que incluye tanto a trabajadores en relación de dependencia ,en el ámbito público o privado, como a trabajadores autónomos. Este último grupo reviste especial interés, ya que la norma no se limita a las formas tradicionales de empleo, sino que incorpora a quienes ejercen actividades independientes de manera habitual, como profesionales, directores de empresas o comerciantes. A su vez, se contemplan supuestos de adhesión voluntaria que amplían el espectro de protección. Desde una mirada transversal del derecho, este punto resulta especialmente relevante, porque la condición de aportante excede el vínculo laboral clásico e impacta en múltiples áreas, desde lo civil hasta lo comercial.

El financiamiento del sistema refleja, quizás con mayor claridad que cualquier otro aspecto, las tensiones propias del derecho previsional. Formalmente, se estructura sobre aportes y contribuciones: el trabajador dependiente aporta un 11% de su remuneración, el empleador contribuye con un 16%, y los trabajadores autónomos realizan aportes sobre bases presuntas con alícuotas más elevadas. No obstante, este esquema contributivo no resulta suficiente por sí mismo, lo que obliga a su complementación con recursos de origen fiscal, incluidos impuestos con afectación específica y partidas definidas por el Congreso. De este modo, el sistema previsional argentino se configura como un modelo híbrido en términos de financiamiento, donde conviven lógica contributiva y asistencia estatal, evidenciando que su sostenibilidad no es solo una cuestión jurídica, sino también económica y política.

En lo que respecta a las prestaciones, la ley no se limita a establecer una única forma de jubilación, sino que diseña un conjunto de respuestas frente a distintas contingencias. La jubilación ordinaria, estructurada a partir de la Prestación Básica Universal, exige el cumplimiento de la edad legal , de momento 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, ambos con posibilidad de extensión y la acreditación de 30 años de aportes. A ello se suma la Prestación Compensatoria, que reconoce servicios anteriores a la vigencia de la ley, así como figuras específicas como el retiro por invalidez, destinados a quienes sufren una disminución significativa de su capacidad laboral, o la pensión por fallecimiento, que protege al grupo familiar del afiliado. También se contempla la Prestación por Edad Avanzada, que funciona como una alternativa para quienes no logran completar los años de aportes requeridos. Este entramado evidencia que el sistema combina criterios estrictamente contributivos con mecanismos de inclusión, lo que explica buena parte de la litigiosidad que hoy caracteriza al fuero previsional.

Desde el punto de vista jurídico, las prestaciones previsionales presentan características que refuerzan su carácter tuitivo. Se trata de derechos personalísimos, que corresponden exclusivamente a sus titulares, son en principio inembargables —salvo en supuestos excepcionales como deudas alimentarias— y, fundamentalmente, imprescriptibles. Esta última nota resulta central, ya que impide que el transcurso del tiempo extinga el derecho a reclamar un beneficio, consolidando su naturaleza de derecho de la seguridad social con fuerte impronta alimentaria.

La gestión del sistema se encuentra a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que no solo administra las prestaciones, sino que también cumple funciones de control y fiscalización. En cuanto a la movilidad de los haberes, uno de los ejes más conflictivos en la práctica, el régimen actual —conforme al Decreto 274/2024— establece actualizaciones mensuales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor. Este criterio introduce una lógica más directa de ajuste por inflación, aunque no elimina el debate sobre la suficiencia de las prestaciones.

Finalmente, la ley admite que los jubilados puedan reingresar a la actividad laboral, lo que a primera vista podría interpretarse como una ampliación de derechos. Sin embargo, los aportes realizados en esta nueva etapa no generan un reajuste del haber previsional, sino que se destinan a otros fines del sistema, como el Fondo Nacional de Empleo. Esta particularidad suele dar lugar a equívocos en la práctica profesional, especialmente en el asesoramiento a clientes.

Por lo tanto, la Ley 24.241 no puede ser leída únicamente como una norma del pasado. Por el contrario, constituye la base sobre la cual se estructuran los debates actuales en materia previsional. Su análisis permite comprender no solo el funcionamiento del sistema, sino también las tensiones que lo atraviesan, entre solidaridad y contributividad, entre derechos adquiridos y sostenibilidad, y entre técnica jurídica y decisión política. Allí radica, precisamente, su complejidad y su permanente actualidad.